Un bastión en ruinas

 

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Por: Paola González – @PaolagabbieG

Hay una tristeza latente en cada rincón del bellísimo continente que es América. A pesar de toda la diversidad, de esa emoción que te embarga al escuchar los sonidos de la tierra, el calor de su gente y sus tradiciones, la gente se siente desprotegida. Existe esta sensación generalizada de la que se habla tanto en los medios de comunicación y que nadie puede resolver. Los ecos de los llantos se esconden tras las risas de una noche de fiesta y en los cotilleos diarios por WhatsApp.

Puedes verlo: mira cómo aquel hombre venezolano lucha cada día por no perder las esperanzas por su país; o como aquella chica argentina que camina a su casa voltea hacia atrás continuamente, esperando que nadie la siga. ¿Ves a aquella madre mexicana? Todos los días reza fervientemente para que su familia esté a salvo de las ejecuciones, los tiroteos y secuestros que suceden a diario. Hay un joven estudiante estadounidense que teme ser atacado por grupos xenófobos y racistas ¿lo conoces tu?

Violencia. Miedo. Dolor.

Vivimos bombardeados constantemente por actos infames en contra de la humanidad y cuando buscamos con desesperación una noticia que alimente nuestra fe es cuando la tormenta arrecia. Nos llegamos a preguntar diariamente ¿cuándo fue que nuestras leyes dejaron de protegernos? ¿Cuándo comenzaron las burlas y los teatros?

Las leyes que deberían de proteger y regular nuestros derechos se han vendido a sí mismas; convirtiéndose en protectoras del delito y la humillación en el marco del trato indigno, inhumano. Se ha perdido ya, y quizás para siempre, la confianza en un sistema legal pleno que garantice el respeto a la ciudadanía que pretende cobijar.

Así es como en estos días inciertos, pasamos buscando en los móviles descargar toda esa frustración, ese miedo que amenaza con cerrarnos la garganta y silenciarnos para siempre entre las promesas de seguridad que suenan más a “cliché hippie” que a una verdad por suceder.

“En tiempos de vacas flacas, la justicia no tiene precio”, decía un locutor hace algunas semanas en una estación local. Mientras la justicia mórbida continúa alimentándose de los despojos que mantienen el precario equilibrio entre la guerra y la paz, algunos comienzan ya a tomar sus herramientas para reconstruir piedra por piedra este bastión en ruinas que jamás se ha terminado.

Algunos los observan y se alejan lanzando maldiciones al aire. Otros, toman una piedra y se la ofrecen al nuevo constructor; algunos más comienzan a ver con esperanza este proyecto y se suman de una manera u otra a los esfuerzos de reconstrucción.

Aún habrá rapaces que tirarán esos muros, cínicos que escondan las piedras por las noches. Incluso pasarán años antes de que esta tristeza y desconfianza se puedan difuminar en un ambiente digno y justo. Pero entre las cualidades del ser humano está la esperanza que nos mueve a creer que todas las mañanas la luz vuelve a vencer a la oscuridad.

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México en Rojo

 

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Imagen: alef.mx

Por: Ximena Mata  – @XimenaMataZ

No nos distraigamos. Nuestro peor enemigo no se apellida Trump. Nuestro peor enemigo no ha cambiado, sigue siendo la corrupción.

En enero pasado, Transparencia Internacional, organización mundial líder en el combate a la corrupción, presentó, como cada año, su Índice de Percepción de la Corrupción. Los países que participan reciben una calificación que va de cero a 100 puntos de acuerdo con su nivel de corrupción, siendo cero la peor y 100 la mejor. En esta ocasión, México obtuvo 30 puntos, su peor calificación en lo que va del sexenio. De 2012 a 2015, la calificación de México osciló entre los 34 y 35 puntos. El año pasado, con 35 puntos, México se ubicaba en la posición 95 de la tabla. Este año se ubica en la posición 123 (!), de 176 países evaluados, compartiendo el sitio con Azerbaiyán, Yibuti, Honduras, Laos, Moldavia, Paraguay y Sierra Leona. Entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México es el peor evaluado en la materia; y entre los países del continente americano, México se ubica también en los lugares inferiores, sólo por encima de Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela.

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La puntuación de 2016 sorprende, no sólo por el número de posiciones perdidas respecto a años anteriores, sino porque fue precisamente en el 2016 cuando se creó el tan esperado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Este Sistema, que surgió con la reforma en materia anticorrupción y se materializó gracias al empuje ciudadano con su iniciativa “Ley 3de3”, generó altas expectativas en una sociedad ávida de una solución para combatir este problema. Si bien es ingenuo pensar que el SNA acabaría por sí solo con la corrupción en México, ver un incremento en la percepción de la corrupción en el país cuando se crea el principal instrumento para combatirla es, al menos, raro. Dos explicaciones pueden dar respuesta a esta situación: la primera es que, de acuerdo con algunos estudios, cuando más se combate a la corrupción, es cuando más aumenta su percepción en la sociedad; la corrupción se vuelve un tema recurrente en los medios de comunicación y la gente es más propensa a percibir este mal. Y segunda, el SNA no ha servido ni servirá para reducir la percepción de corrupción en el país mientras no se demuestren sus efectos, es decir, mientras no se castigue a los corruptos, mientras no se combata a la impunidad. Yo me voy más por la segunda hipótesis.

Determinar qué es peor, la impunidad o la corrupción, es como el determinar si fue primero el huevo o la gallina. La impunidad, o sea dejar sin castigo a quien comete una falta, es lo que detona, o al menos fomenta, la corrupción en México. Un funcionario que abusa de su cargo público en beneficio privado y no recibe castigo por ello simplemente lo seguirá haciendo. De poco o nada sirve que se investiguen, demuestren y persigan actos de corrupción, si no se llega al objetivo final: castigar a quien los cometió. Y, de esta manera, advertir a los corruptos que no se saldrán con la suya. Esa será, a su vez, una de las mejores formas de prevención.

Pero con todo y SNA todavía estamos lejos de castigar a los Duartes que abundan en la administración pública del país. Ya existen las leyes que sancionan los actos de corrupción, y ya está conformado el Comité de Participación Ciudadana que encabeza el SNA. Pero todavía falta que el Senado nombre al fiscal anticorrupción que conducirá los esfuerzos desde la PGR, y, sobre todo, aún falta la voluntad política de las esferas más altas para no dejar escapar a quienes a todas luces abusan de su cargo público enriqueciéndose ilícitamente. Sólo así lograremos darle credibilidad al Sistema Nacional Anticorrupción y quizá entonces logremos cambiar la percepción de corrupción en el país.

Aunque ahora la atención esté centrada en el vecino del norte, no debemos olvidar que dentro de nuestras fronteras se sigue encontrando el peor enemigo de México: la corrupción. Y lo que se percibe es que en este tema vamos de mal en peor.

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¿Perdimos la Guerra Anticorrupción?

 

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Por: Ximena Mata – @XimenaMataZ

En días pasados, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, se dieron a la tarea—finalmente—de aprobar las Leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción. Entre ellas, discutieron, mocharon y aprobaron la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley 3 de 3. En las redes sociales, los ciudadanos han manifestado su inconformidad por la aprobación de una ley que no respeta fielmente la solicitud de los más de 630,000 firmantes de aquella iniciativa.

Recordemos: luego de los escándalos de corrupción en el país que involucraron a altos funcionarios del gobierno federal, incluido el Presidente Peña Nieto, la ciudadanía pasó de la indignación a la acción al urgir a los servidores públicos que hicieran públicas 3 declaraciones: patrimonial, fiscal y de intereses. El IMCO y Transparencia Mexicana se dieron a la tarea de juntar esa inquietud ciudadana en la propuesta #Ley3de3. La meta era juntar 120,000 firmas (como marca el art. 71 Constitucional) para poder llevar la propuesta de ley al Senado. En tan sólo 2 meses, lograron juntar 634,143 firmas de mexicanos hartos de la corrupción.

La iniciativa pasó al Senado, y se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, y de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis. Dichas comisiones debían discutir, además, las otras 6 leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción. El plazo constitucional para emitir dictámenes era el 28 de mayo, y tristemente a nadie sorprendió que los legisladores violaran la Constitución—una vez más—al patear los dictámenes hasta después de las elecciones del 5 de junio. Una vez pasadas las elecciones, y definido el periodo de discusión de las Leyes Anticorrupción para el 13 al 17 de junio, empezamos a ver la verdadera voluntad política para combatir la corrupción. En eso tampoco hubo sorpresas.

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En lo que respecta a la Ley 3 de 3, con 59 votos en contra (PRI, PVEM y 1 independiente), 51 a favor (34 PAN, 16 PRD y 1 independiente), una abstención y 17 ausencias, los senadores bloquearon la máxima publicidad de las 3 declaraciones ya mencionadas. Fue un golpe para la ciudadanía. De acuerdo con lo aprobado en el artículo 29, “las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.” Es decir, cualquier funcionario que sienta afectada su vida privada podrá optar por no hacer públicas buena parte de sus declaraciones. Además, los senadores (PRI y PVEM) rechazaron los formatos utilizados en la plataforma #ley3de3, que la gente ya conoce, para hacer las declaraciones.

En su lugar, los nuevos formatos serán creados por el comité coordinador, a propuesta del comité de participación ciudadana, que aún no existe. Por otro lado, esa misma ley en su artículo 32 impone a todo ciudadano que reciba recursos públicos (empresarios, empleados, becarios, pensionados, beneficiarios de programas sociales, etc.) a hacer las 3 declaraciones. Si bien los empresarios deben ser parte de la solución anticorrupción, una disposición tan ambigua desvía la atención de lo verdaderamente importante: vigilar y sancionar a los funcionarios corruptos, que al final son quienes nos representan. Afortunadamente, este último artículo fue vetado por el Presidente y ahora toca al Congreso volver a votar sobre su contenido; sin embargo, el artículo 29 quedó intacto y debemos seguir presionando hasta antes de que se promulgue la ley.

En fin. Comparto la indignación de miles de mexicanos. Es una burla que los políticos se sigan escondiendo en leyes hechas a modo para seguir usando el servicio público para beneficio privado. Pero también reconozco que estamos viviendo un avance importante. Como nunca antes, la gente está pendiente y participa en la vida pública del país, exigiendo a los legisladores combatir la corrupción. Y por primera vez en la historia de nuestro país una iniciativa ciudadana se convierte en ley. Sí, nos quedaron a deber en la Ley 3 de 3, pero también están la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que da un papel primordial a los ciudadanos; las reformas al Código Penal Federal, que tipifican delitos de corrupción e imponen cárcel como sanción; las reformas a la Ley Orgánica del PGR, que determinan a la fiscalía anticorrupción como encargada de investigar y perseguir delitos en la materia, entre otras, que han sido aprobadas exitosamente, y que permitirán prevenir, perseguir y sancionar mejor a los corruptos de este país.

No todo está perdido y no debemos estancarnos en la frustración de una sola ley. No podemos dejar que con una batalla nos ganen la guerra. Somos más los buenos y vamos por buen camino. Esta guerra apenas empieza, y el triunfo estará en no bajar la guardia frente a la corrupción.

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Fotos: El Universal, ley3de3.mx

 

Radicalizarse por la Transparencia

Sensorium

Por: Luis Godoy – @luis_godoy88

Probablemente el mayor consenso que ha existido en el inicio del siglo XXI en México es que la corrupción lo jodió, lo jode y —si no pasa nada— lo seguirá jodiendo todo. Es cierto, todo hiede a corrupción. La banqueta malhecha en la que transitas fue financiada mediante un contrato con sobreprecio, el aire sucio que respiras fue provocado por numerosas mordidas de fábricas contaminantes, el ciudadano Presidente que ves a diario en los medios está involucrado en el mayor escándalo de corrupción que recordemos. Repugnante, cochina, asquerosa corrupción.

Y comienza el ciclo.

Mañana que despiertes y leas las noticias, encontrarás otra nota más de corrupción. Ya sea al Secretario de Comunicaciones Ruiz Esparza en el Wall Street Journal, México encabezando otro índice como uno de los países más corruptos, otra historia más de #PanamaPapers, otras más de tu estado, y así, sistemáticamente. Luego, no faltará el desvergonzado que te recordará que la corrupción está instalada con normalidad en sus formas y en sus aspiraciones. Lo escucharás, y no dirás nada. Cotidiana, incesante, testaruda corrupción.

Y seguirá sin pasar nada.

Probarán tu capacidad de indignación, llevarán al límite tu lógica, desesperarás, protestarás en redes sociales, pero inesperadamente te calmarás. Hay algo que te llevará por esos canales institucionales, por ese fino control a tu rebeldía. Estarás tentado por hacer ese otro algo, pero la lucha no será —a tu juicio— de utilidad. Ya más tranquilo te atomizarás, y concluirás que el cambio está en uno mismo.

No pasará nada.

¿Si se ha radicalizado tanto la corrupción, por qué no se ha radicalizado de la misma forma una respuesta? ¿No es obvio la contundencia que deberíamos de tener los que nos decimos anticorrupción? ¿O la comodidad de la corrupción insertada en el privilegio y en nuestro derecho a hacernos ricos nos impide hacer algo?

Catena

El diagnóstico está listo, conocemos los números. Sabemos que la corrupción es grande, grandísima. Ni siquiera hay que recordar los datos para convencernos del lugar que ocupamos a nivel internacional, o de los costos económicos y sociales del fenómeno. La omnipresencia y universalidad de la corrupción en México es apabullante. Es tal su magnitud, que puede sonar equilibrado decir que la legalicen. Que la nación la acepte públicamente como una enfermedad, y ante el reconocimiento colectivo, se pueda por fin curarla. Estamos cerca de normalizar cínicamente la corrupción.

De hecho, está sucediendo. Hay un intento premeditado de varios actores políticos de abrazar a la corrupción, o lo que Castañeda denominó como el Pacto por la Corrupción. Después de que miles de ciudadanos apoyaran la iniciativa 3 de 3, y posterior a que escucháramos miles de pronunciamientos convenientemente a favor, el PRI y el Verde (¿a alguien de verdad le sorprendió?) reaccionaron, y decidieron cambiar su posición alegando protección a sus datos personales. Negaron la declaración patrimonial, clave para la iniciativa y como ha demostrado Guillermo Ávila, fundamental para el combate a la corrupción. Luego, el PAN confuso en su posición, se dijo en contra.

Hay muy poca información de lo que ha sucedido en el último mes sobre el proceso legislativo de la 3 de 3 y las leyes anticorrupción. Periodo oscurísimo. Los que participaron en el proceso, haciendo honor a la iniciativa, deben ofrecer al público los documentos, minutas, argumentos completos… en otras palabras, que transparentaran las negociaciones.

Pero entre toda la convulsión, la 3 de 3 ya está dejando muchas lecciones. La primera, es que la elite protegerá con ímpetu la información que pueda evidenciar una ilícita acumulación patrimonial. La sociedad civil organizada nunca más debe de confiar en los buenos deseos del PRI y el Verde. Se acabó el apapacho con los simuladores de la 3 de 3, que son los mismos de siempre. Los profesionales de la transparencia, que han luchado durante años contra la corrupción, llevaron el tema, crearon la propuesta, juntaron las firmas, se sentaron en las mesas, y ahora su esfuerzo, pende débilmente de lo que suceda en el periodo extraordinario.

La segunda lección es que el antídoto correcto a la corrupción sí es la transparencia. Los reaccionarios a la 3 de 3, el PRI y el Verde, lo comprueban. Sin embargo, no es suficiente. La siguiente lucha pública tiene que ser la transparencia por el gasto público: leyes, instituciones, y herramientas que garanticen el buen funcionamiento del presupuesto.

La tercera lección es que la respuesta ya no puede ser tímida. Los indignados por la corrupción en México tienen que ser los duros de la transparencia. El problema es que la transparencia —como solución— se ha instalado en una cómoda vitrina institucional: se encuentra en los monitores de los expertos, no en la voz activa de la ciudadanía. La transparencia tiene que expandirse de los casos de éxito y las acciones estratégicas, a una escala mucho mayor. Frente a las Casa Blancas, los OHL, los HIGA, la tibieza de la acción por la transparencia tiene que ser inexistente. Por ello, lo que sigue, como reacción natural, es un proceso de radicalización reflexivo por la transparencia.

La situación actual ya ha agotado paciencia y comprensión, no hay que esperar a que salga a la luz el próximo caso de corrupción para volver a indignarnos. Los funcionarios, promotores, activistas y seguidores de la transparencia ya no pueden seguir en los laterales y tienen que adquirir mayor protagonismo, no importa cual sea el desenlace del periodo extraordinario.

Esta radicalización lleva a la corrección, no al problema. Radicalizarse por la transparencia es enfocarse en la solución. Es un proceso colectivo, que definirá las posiciones públicas y las formas de interactuar con lo corrupto. Como lo dije antes, tiene que pasar por la masificación de la transparencia como vía, y pasar a la acción social. Los 630 mil son un buen inicio, pero faltan muchos más. A ellos, se les tiene que activar, insistiéndoles que la transparencia es lo que genera una identidad propia contra la corrupción, no la radicalización individual, o lo que viene siendo el cambio está en uno mismo, eso es simplemente anecdótico.

La transparencia también es política y es la respuesta contra uno de los más grandes agravios de nuestros tiempos. Tercera ley de Newton a la corrupción. A toda acción corrupta corresponde una reacción transparente con la misma fuerza. Ser radical hoy contra la corrupción, tristemente, ya no suena tan radical, es casi lo mínimo. ¿O qué piensan debe suceder después del periodo extraordinario? ¿De regreso al ciclo, de vuelta a la oficina, a ver cabalgar triunfante a los corruptos?

Pues no.

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¿Da miedo ser radical? Sin duda. Por eso hice mi propio ejercicio para tratar de moderarme. Recurrí a Byung-Chul Han, el filósofo enemigo de la transparencia. Releía al pensador coreano-alemán, buscando argumentos para sortear mi proceso de radicalización. Para Han la transparencia es indeseable porque, aparte de ser una utopía, elimina confianza, genera uniformidad, e incluso distorsiona la privacidad de la vida. Han es quizás el primer autor que se siente cómodo argumentando contra el consentimiento general por la transparencia, dice frases como: “El big data anuncia el fin de la persona y de la voluntad libre”, o en línea con su crítica al capitalismo, señala: “Exposición es explotación”. Léanlo.

En algunos argumentos, Han parece brillante, sin embargo, termina siendo poco convincente. Y es que la mayor omisión de Han es que no contempla la existencia o posibilidad de una crisis de secretismo, escaldas máximas de corrupción, o un descaro masivo por el ocultismo; es decir, México. Han escribe en el contexto de sociedades homogéneas, y por supuesto, poco corruptas. Por tanto, su recelo por la transparencia no surge como respuesta a la opacidad, si no por el fenómeno de la auto-exhibición. En sociedades como la mexicana, la transparencia es un arma necesaria ante la embestida de un monstruo, no una exigencia postmoderna que acelera los ciclos de información y producción. Nada de nada, corroboré lo ineludible de mi radicalización por la transparencia.

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Arte de Walton Ford. Pintor estadunidense. Sus ilustraciones animalistas en grandes escalas retratan una visión política que él ha definido como salvaje.

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Alzar la Voz

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Por: Ernesto Gómez – @EGH7

En mi reciente visita a Buenos Aires me impactó, entre muchas otras cosas, el hecho de que prácticamente todos los edificios de todas las zonas de la ciudad son objetos de vandalismo. La gran mayoría de éstos se ven afectados por grafitis, aún en las zonas más céntricas de la metrópoli. Decayendo así la misma imagen y percepción de la ciudad y la situación argentina.

Los motivos de estos grafitis no quedan claros, el mensaje se pierde entre tantas voces y se puede interpretar de varias maneras. Los escritos en los muros de Buenos Aires dicen cosas de todo tipo: desde protesta contra la pobreza hasta simples símbolos de pandillas e incluso hay quien habla de la madre de Macri con palabras que no se pueden escribir. Lo cierto es que desestimar esto como simples actos de vandalismo cometidos por pandilleros sería un error, más bien hay que preguntarse qué es lo que hay detrás de todo esto.

Estando en Argentina se percibe, de inmediato, un aire de descontento general con la situación social y económica. Al nuevo presidente Macri, con apenas cien días en funciones, se le están cobrando los platos rotos durante los ocho largos años de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner quien dejó a la economía argentina volcada. El enojo del pueblo argentino viene porque ahora su nuevo jefe de estado está intentando salvar la economía con cualquier recurso posible y esto incluye a las pensiones de cientos de argentinos. Preguntándole a la gente que conocí por allá, recibí varias respuestas que me parecieron bastante apegadas a lo que parece que está afectando a muchas personas: “A mí no me molesta Macri porque yo sí trabajo” me dijo un taxista y “Pues claro, quieren vivir con pensiones de país rico en uno jodido”.

Argentina se caracteriza ante el mundo por muchas cosas: por sus prodigiosos futbolistas, por sus carnes, por su acento y varias cosas más, pero nunca, como todo buen país de Latinoamérica, por escoger sabiamente a sus gobernantes. Ahora sufren las consecuencias de una gestión populista que dejó al país en bancarrota.

La voz de la ciudadanía siempre se debe hacer escuchar, de esto no hay duda. Lo dijo Henry David Thoreau, uno de los más grandes filósofos estadounidenses, cuando postuló los principios de la desobediencia civil en su obra Resistencia al Gobierno Civil. En ella, Thoreau expone sus ideales acerca de cómo un pueblo no tiene por qué responderle a un gobierno injusto o inepto, incitando a que se tome acción contra los malos gobernantes. En estas mismas ideas se basó Mahatma Gandhi para encabezar el boicot que ultimadamente liberaría a la India del gobierno inglés y que también fueron tomadas por Martin Luther King, Jr. para su cruzada por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Muchos citan a este pensador como un anarquista al fomentar la desobediencia de las masas, pero lo que Thoreau buscaba era que la acción civil mejorase el gobierno, no que lo erradicara.

El malestar de Argentina es entendible y su gente tiene una gran memoria histórica que siempre conmemora las tropelías de las dictaduras pasadas para decir “nunca más”. La pregunta que nace es si sirve algún propósito su protesta encarnada en el vandalismo que convierte a su bella capital en algo que se percibe sucio, descuidado e inseguro. Sin duda transmite el mensaje de que estamos viendo a un pueblo volcado contra la institución, que no está satisfecho. Pero, a final de cuentas, cae también en un auto-sabotaje que no los ayuda a llegar a su cometido.

La acción civil es indispensable para evitar los abusos de poder y eso lo estamos viviendo en carne propia en México, donde los actos de corrupción y de personas que, por estar metidas en la política, creen (y no ilusamente) que están por encima de la ley, nos llenan cada vez más de frustración. Un amigo que estuvo estudiando en Europa recuerda con cierto dolor cómo, al hablar con un francés de la situación en México, éste le preguntó muy sorprendido “¿y cómo es que no hacen nada al respecto?”. Una pregunta muy acertada, pues allá en el primer mundo se ha visto como la denuncia de la gente y la presión mediática pueden forzar la renuncia de los más altos mandatarios.

El pueblo mexicano está dormido y más allá de las marchas ocasionales por los 43 de Ayotzinapa, no se percibe una verdadera acción contra nuestro injusto e inepto gobierno, la gente está tomada por un aire derrotista.

Algo deberíamos de aprender del espíritu combativo de los argentinos, si bien me parece que los grafitis no son el camino adecuado. Encontrar la forma para exigir el cambio es clave para no caer en el sabotaje de nuestro propio espacio pero sí lograr que a los abusos de poder se les ponga un alto y tal vez alcanzar el momento en que el poder se ejerza de forma competente.

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¿Por Qué Sí la Ley 3de3?

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Por: Francisco Vaqueiro – @FJVaqueiro

Es consabido que la corrupción—y sus muy perniciosos efectos—, se relacionan íntimamente con la impunidad y el poco o nulo respeto que impone la ley, derivado de su nula o exigua aplicación.

Resulta difícil hacer un rastreo cronológico sobre la génesis de nuestra propensión social a quebrantar las reglas sociales de convivencia. Problema crónico de Hispanoamérica. Algunos estudiosos ubican el origen de la corrupción en los usos y costumbres españolas, trasladados, posteriormente, a sus colonias americanas y a otras latitudes del mundo.

Decía el escritor filipino José Rizal, en su novela “El filibusterismo“, en boca de uno de sus personajes de origen español: “¿Queréis que se abra una carretera en España? No hay más que poner un cartel que se diga: Prohibido el paso. Y por allí justamente transitarán todos hasta hacerse camino“.

En el México independiente, durante la etapa armada de la Revolución sonorense, el poder corruptor del dinero quedaría cínicamente personificado en la célebre frase de Álvaro Obregón: “Nadie resiste un cañonazo de cincuenta mil pesos”.

Posteriormente, cuando la Revolución se institucionalizó como partido único de Estado, el sistema se valió primordialmente de tres instrumentos para preservar el control político del país y mantener a raya, casi siempre con éxito, a la disidencia política: cooptación, corrupción, y en última instancia represión; sobre esta última herramienta, resulta más que reveladora la expresión de Gonzalo N. Santos, cacique histórico de San Luis Potosí: “A mis enemigos los tres ierros: encierro, destierro y entierro”.

En tales condiciones transitamos durante todo el siglo XX, sin desarrollar instituciones encargadas de limitar y castigar, lo que por décadas fue costumbre e instrumento político de control. Ni siquiera la transición democrática —de la que germinaron o surgieron cambios fundamentales en entidades tan respetadas hoy en día como el Banco de México o el Instituto Nacional Electoral—fue capaz de desarrollar el entramado institucional necesario para enfrentar exitosamente un azote histórico que se ha vuelto insostenible.

Recientemente, el proyecto de Ley, genéricamente denominado 3de3, así como la campaña de recolección de firmas para su presentación como iniciativa ciudadana ante el Congreso, ha suscitado gran efervescencia en redes sociales y en algunos medios informativos.

Dicha propuesta de Ley ha sido apoyada por diversas instituciones educativas, así como por destacados miembros de la comunidad intelectual del país, como Juan Pardinas y María Amparo Casar.

Se le ha denominado, mercadotécnicamente, como Ley3de3, apoyado por el posicionamiento que generó la propuesta formulada en el pasado ciclo electoral, conminando a los aspirantes a elección popular a hacer públicos tres documentos: (1) declaración patrimonial; (2) declaración fiscal y (3) declaración de intereses.

A pesar de lo anterior, el proyecto de Ley en cita, va mucho más allá de obligar a todo funcionario a revelar tales declaraciones, condición a todas luces insuficiente para evitar la corrupción en el ejercicio de la función pública.

En esencia, la 3de3, denominada Ley General de Responsabilidades Administrativas, pretende reglamentar distintas disposiciones constitucionales que propiciaron lo que se conoce como “Sistema Nacional Anticorrupción”.

Grosso modo, la iniciativa precisa algunas acciones de corrupción como sancionables y perseguibles: entre ellas el peculado, el tráfico de influencias, el soborno, el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito, la colusión, el uso equívoco de información, la obstrucción de la justicia, el nepotismo y la conspiración para cometer actos de corrupción. De igual forma, fija nuevos y más eficaces procedimientos de investigación sobre casos de corrupción, y asigna la competencia a nuevos entes gubernamentales encargados de las indagatorias, concediéndoles mucho mayor autonomía de la que gozan las instituciones con la misma tarea hoy en día.

En la misma línea, propone un registro de servidores públicos sancionados, para que su inhabilitación sea realmente efectiva en todos los ámbitos de la administración pública federal, estatal y municipal, y en todo el territorio nacional. Destaca, de igual manera, que la Ley hace extensivas las sanciones a los entes privados que pudieran estar inmiscuidos en actos de corrupción, cuestión, en mi opinión, de la mayor importancia.

Aún queda mucho tramo por recorrer, y quedará en la sociedad civil vigilar que la Ley 3de3, que pudiera promulgarse, no sea sólo una pantomima o versión deslactosada, incapaz de hacer frente a la mayor problemática social y política de nuestros días.

De entrada, no queda más que hacerle una invitación para sumarse al proyecto, firmando en http://ley3de3.mx/#firma

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Ley de Telecom: Legalizando el Espionaje al Ciudadano

Ley del Espionaje

Por: Andrés Gómez – @a_gomezl

En el 2014, y como parte del paquete de Reformas Estructurales propuestas en el marco del Pacto por México, se aprobó la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En la nueva ley se encuentran muchas ventajas para los usuarios, como la portabilidad numérica, la consulta gratuita de saldo, la eliminación de la larga distancia nacional y en general una baja en las tarifas pagadas por los usuarios. Hasta aquí todo bien: tenemos una nueva ley que promueve la competencia entre los operadores y nos brinda mejores servicios a mejor precio.

En medio del ruido de las buenas noticias de los precios bajos, o los rumores de si la intención era o no meterse con los negocios de Slim, pocos nos dimos cuenta de los problemas. Dentro de sus 315 artículos (sin contar los transitorios), la Ley de Telecom esconde dos que son particularmente preocupantes. Con el pretexto de “colaboración con la justicia”, la Ley básicamente le exige a los concesionarios de telecomunicaciones (o sea a Telmex, Megacable, Telcel, AT&T, Movistar, etc.) que espíen a sus usuarios. Les demanda que “colaboren” con la localización geográfica y en tiempo real de los equipos móviles, lo que quiere decir que cualquier autoridad de seguridad, procuración o administración de justicia que lo solicite puede saber dónde se localiza tu teléfono celular en cualquier momento, sin necesidad de justificar la razón y sin necesidad de presentar antes una orden judicial.

Otra forma en que la nueva ley se entromete en nuestra privacidad es exigiendo que los concesionarios mantengan un registro —durante dos años— de toda la información que rodee a las comunicaciones que realicemos, sea llamada, mensaje de texto, mensaje multimedia, etc. ¿A qué me refiero cuándo digo “toda la información que rodee a las comunicaciones”? Básicamente a todo, menos el contenido. Tienen que guardar un registro con tu nombre, razón social y dirección; tipo de comunicación y servicios adicionales (llamada, datos, mensaje, video, conferencia, transferencia de llamada, etc.); origen y destino de la comunicación; fecha, hora y duración de la comunicación; información del dispositivo desde el que hiciste la llamada o mandaste el mensaje o revisaste tu correo; y posicionamiento geográfico de las líneas (tuya y de tu interlocutor) al momento de la comunicación. Todo.

La información que se recaba es conocida comúnmente como metadatos. Puede no sonar muy grave, pues nos preguntamos ¿qué tanto podría llegar a conocerse de nosotros a partir de esta información? Según expertos en seguridad digital, se puede conocer mucho. Señalan que nuestros metadatos pueden ser incluso más reveladores que el contenido de nuestras conversaciones: pueden saber dónde estamos todo el tiempo, con quién hablamos, por cuánto tiempo, nuestros intereses, condición médica, asociaciones políticas y religiosas, orientación sexual, hábitos de compras y muchas otras cosas. Los hábitos que mantenemos y las actividades que realizamos mediante telecomunicaciones no mienten, o por lo menos no consistentemente. Ahora, hay que aclarar que no se trata de que tengamos o no algo que ocultar, sino del derecho que tenemos a la privacidad y que lo que realizamos en privado nos atañe sólo a nosotros y así se tendría que mantener.

Para que se se puedan echar abajo estos artículos de la ley éstos tendrían que, al ordenar a los concesionarios a mantener estos registros, violar la Constitución, que es donde se enuncian los derechos que el Estado tiene la responsabilidad de proteger, o que se quebrante alguno de los tratados de Derechos Humanos que México ha firmado, y ahí es donde entra la discordia. La Constitución dice que tenemos derecho a la protección de nuestros datos personales, pero al mismo tiempo menciona que habrá excepciones en lo que se refiere a seguridad nacional, orden público, seguridad o salud pública. Entonces, alguien podría argumentar que al mismo tiempo que nos otorga el derecho nos lo limita. En ese mismo artículo nos dice que las comunicaciones privadas son inviolables. Sin embargo, los defensores de la nueva ley dicen que al no tener acceso al contenido de la comunicación, no se atenta contra este derecho, pues es el equivalente a ver el sobre en el que te mandan una carta y en el cual pueden ver quién la envía, desde dónde, hacia dónde, para quién y la fecha en la que se mandó, sin poder leer la carta. Personalmente, considero que hay un tercer derecho que se está violando con este ordenamiento y es el de presunción de inocencia: todo individuo tiene el derecho constitucional a ser considerado inocente hasta que un juez no dictamine lo contrario. Al mantener un registro de los metadatos de todos los usuarios de servicios de telecomunicación, y no nomás de aquellos usuarios que se encuentran bajo alguna investigación, se viola este derecho. Nos vuelve a todos sospechosos de facto. Potenciales criminales sobre los cuales hay que mantener un registro detallado, por si se comete el delito. Somos culpables, por si se ofrece.

Existen muchas ambigüedades en las condiciones para acceder a los registros. La ley no nos dice qué funcionarios —en el ámbito de seguridad, procuración o administración de justicia— pueden solicitar la información. Si nos guiamos por lo que se establece en el Código Federal de Procedimientos Penales, nos quedaríamos con funcionarios de la PGR y procuradurías locales y a quienes éstas instancias les quieran delegar la atribución; y por último el Ministerio Público Federal y sus equivalentes en las entidades. Según el periódico Reforma había, a finales de Noviembre, por lo menos 80 funcionarios federales y locales facultados para solicitar información privada de usuarios de telecomunicaciones[i] sin justificación necesaria o preestablecida o una orden judicial. 80 funcionarios en el país que quedó en lugar 79 de 102 en “Estado de Derecho”, por debajo de Costa de Marfil, Kazakstán, El Salvador, Sri Lanka y una vergonzosa y larga lista de etcéteras; y en el lugar 88 de 102 en “Ausencia de Corrupción” en el mismo ranking realizado por el World Justice Project.[ii]

No todo está perdido y existen varios que han interpuesto amparos en contra de la nueva ley de telecom. La asociación civil Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Marcelo Ebrard, Javier Solalinde, AT&T, Alestra, la Clínica de Interés Público del CIDE y otras personas e instituciones, han tramitado amparos ante diferentes instancias en contra de los artículos 189 y 190 de la Ley de Telecom (los que hablan de “colaboración con la justicia”) y se encuentran en diferentes instancias, aunque se espera que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[iii] debata y resuelva el tema este mes.

¿Qué podemos esperar de la resolución de la Corte? Es difícil saberlo. Existen documentos de la Corte en los que menciona la necesidad de proteger los “datos externos de la comunicación”[iv], pero se establece como parte de un argumento y no como parte de una resolución que creé jurisprudencia (es decir, que vuelva obligatoria la protección de estos datos). Considero que la Corte ha venido evolucionado para convertirse en una Institución que privilegia el derecho del individuo por encima del poder del Estado, por lo que espero que sigan ejemplo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y declaren que el almacenamiento de datos viola la privacidad de las personas.

El tema nos atañe a todos. El uso de medios de telecomunicación fijos, móviles o de datos dejó hace mucho de ser para el uso de unos cuantos, y aunque vivamos en una guerra abierta contra el crimen organizado, la recolección masiva e indiscriminada de datos es una afrenta a nuestras libertades. La ley debe, por lo menos, acotar los delitos por los cuales se podría solicitar la recopilación de metadatos, así como establecer que se pueda realizar exclusivamente mediante una orden judicial. Necesitamos hacer frente a la increíble amenaza de violación a nuestra privacidad por parte de un Estado que es bajo cualquier métrica corrupto.

 8_AndresGomez

[i] http://173.236.14.34/leon/mexico/llueven-peticiones-de-rastreo-a-celular-246431.html

[ii] http://data.worldjusticeproject.org/#/groups/MEX

[iii] La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede sesionar en Pleno (convocando a los 11 ministros) o en Salas. La Primera Sala se encarga de ver temas civiles y penales, mientras que la segunda se encarga de ver casos administrativos y laborales. Las telecomunicaciones son tratadas en la Segunda Sala.

[iv] Amparo 1621/2010. Contradicción de Tesis 194/2012

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