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Por: Andrés Gómez Laborín – @a_gomezl

Estos últimos días se ha hablado mucho de la Ley de Seguridad Interior en los periódicos y noticiarios. Entender qué hay detrás es básico para poder formarnos una opinión y para saber qué deberíamos exigir a nuestros gobernantes.

Empecemos por el principio: seguridad pública no es lo mismo que seguridad nacional —o seguridad interior. Según el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) la seguridad nacional “tiene como propósito mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano”, mientras que la seguridad pública tiene el objetivo de “salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos”[i].

¿Qué significa esto?

La seguridad interior es la que tiene que ver con la defensa del Estado Mexicano, por ejemplo, en caso de una invasión extranjera o de un desastre natural. Es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo Federal y cuenta con las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) para su implementación

La seguridad pública es la que hace referencia a la prevención, persecución y castigo de delitos. Es responsabilidad de los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— y para mantenerla se cuenta con las diferentes policías, ministerios públicos, etc.

El problema se da a partir del inicio de la guerra contra el narco. En diciembre de 2006, un recién ungido Presidente Felipe Calderón inicia la guerra contra el narcotráfico en Michoacán. Compleja, desorganizada y sumamente violenta, la guerra ha dejado cien mil (¡CIEN MIL!) muertos y treinta mil desaparecidos[ii], sin mencionar el incremento en extorsión, secuestro, robo, y un largo etcétera.

Podríamos preguntarnos si la guerra era necesaria, si la manera en que se ha llevado a cabo ha sido la correcta, si existe una estrategia clara y efectiva y muchas otras cuestiones que son fundamentales, pero el punto es que en el combate, a falta de corporaciones policiacas preparadas y de confianza, se decidió sacar al Ejército de los cuarteles a realizar funciones que no le corresponden, para las que no están capacitados y para las cuales no tienen reglas claras, porque la ley no prevé la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad pública.

Durante diez años muchos personajes han exigido al gobierno escribir las reglas que deben seguir las Fuerzas Armadas al realizar estas funciones. No contar con ellas permite que prevalezca el crimen y que haya violaciones graves a derechos humanos, como la ejecución de 22 sospechosos desarmados por parte del Ejército en Tlatlaya; o la ejecución, desde un helicóptero, de un presunto líder del narco junto con 7 de sus ayudantes por parte de la Marina (que se dijo había sido en un enfrentamiento, aunque en el video publicado en Youtube aparenta ser una operación militar planeada). Hasta Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional, ha sido vocal al respecto[iii].

Una ley de seguridad interior debería de atender a varias preguntas básicas. Por ejemplo: por qué es necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas; cómo se pretende restablecer a la policía para que cumpla sus funciones; cuánto tiempo puede durar la intervención, y quién y bajo qué circunstancias puede durar ésta.

Las propuestas actuales aumentan el poder del Ejecutivo. La propuesta del PRI, por ejemplo, da la facultad al Presidente de declarar la intervención sin autorización del Congreso, “hacer uso de cualquier método de recolección de información” en labores de inteligencia (lo que sin mayores reglas puede significar espiarnos a ti y a mí); uso legítimo de la fuerza para controlar, repeler o neutralizar hasta actos de resistencia no agresiva (o sea, que el Presidente podría pedir al Ejército usar violencia para aplacar una protesta pacífica. ¿Te suena bien?); y encima de todo, como la información de las operaciones militares es de seguridad nacional, no tiene que ser pública o siquiera sujeta a leyes de transparencia, por lo que el Ejecutivo no tendría ni siquiera que rendir cuentas[iv].

Lo que necesitamos es que existan cuerpos de policía preparados, con recursos materiales y de personal suficientes, y que éstas cumplan con estándares de confianza. El uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ha sido tal vez necesario, y retirarlas en este momento sería catastrófico, pero legalizarlo es militarizar al país. Su uso debería de ser en ocasiones extraordinarias, y sólo de manera temporal y con los contrapesos y herramientas de rendición de cuentas que lo grave de la situación amerite.

(para informarte más, visita www.seguridadsinguerra.org)

8_AndresGomez

[i] http://www.cisen.gob.mx/snPrincipiosTema1.html

[ii] http://www.milenio.com/policia/10_anos_guerra_contra_el_narco-muertos-desaparecidos-homicidios-milenio_0_863913709.html

[iii]http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/12/5/cienfuegos-no-confundir-seguridad-interior-con-seguridad-publica

http://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/estudiamos-perseguir-delincuentes-cienfuegos-944283/

[iv] http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/oct/20161027-V.html#Iniciativa32

Escrito por InteIndep

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