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Por: Francisco J. Vaqueiro – @FJVaqueiro

Entrando en la recta final del sexenio, con un capital político erosionado a límites no vistos en la historia moderna de nuestro país, Enrique Peña Nieto se apuesta lo que resta de su legado político, en la implementación de la reforma educativa que ha encontrado una feroz resistencia por parte de la cúpula magisterial disidente.

El arranque

La primera reforma de calado, aprobada en el marco del “Pacto por México” reunió en sus inicios gran aprobación del “establishment” y de la sociedad civil, es claro que en el discurso no existe tarea más loable que la de impulsar y mejorar la educación pública. El descabezamiento del pernicioso liderazgo sindical magisterial no sólo allanaba el camino para la reforma educativa, enviaba, asimismo, un mensaje de disciplina política para grupos de poder de muy diversa naturaleza, cuyos intereses serían vulnerados. El nuevo pulso reformista, aunado al muy amplio acuerdo de las cúpulas así como optimismo de la prensa internacional sobre la prospectiva política y económica de México, auguraban sin duda un sexenio de altos vuelos; el “Mexican Moment” (epíteto acuñado por la prensa anglosajona, tan adepta a los títulos pegajosos) había llegado. En ese tenor, lo paradójico de la actual tesitura quizá sea que la reforma que en su momento concentró mayor consenso político y social, sea también la que ahora arroja el adversario más serio y formidable en contra del Presidente y de su partido.

¿Descarrilamiento?

No es para nadie un secreto que la capacidad de organización y movilización de los miembros de la CNTE ha sido utilizada en innumerables ocasiones como instrumento de presión política. No abordaré en este espacio si comparto o no sus métodos y demandas (quizá eso sea motivo de otras líneas) pero independientemente de mi postura resulta meridiano que la Coordinadora ha sido capaz de poner en jaque a distintas instancias de gobierno (el caso de Oaxaca en el 2006 resulta emblemático).

La apuesta política del CNTE es por mantener el status quo por medio del uso de sus habituales medios de presión. En ese sentido, las salidas al conflicto resultan poco claras, no serán de ningún modo sencillas y denotan ya un costo político altísimo para la presente administración.

Pensar que el uso legítimo de la fuerza pública es una opción viable para el Estado mexicano es una apuesta arriesgada, los hechos de Tanhuato y de modo más particular los ocurridos en Noxichtlán, develan la incapacidad de los grupos policiacos de atenerse a protocolos aceptables y limitados de manejo de fuerza. El manejo político y de comunicación por parte de la Secretaría de Gobernación ha sido, igualmente, desastroso. La radicalización del movimiento magisterial sumada a la presencia de grupos del narcotráfico y autodefensas en el sureste del país parecen caldo de cultivo para la ignición de un polvorín de dimensiones muy peligrosas para la estabilidad política del país.

Los muy sonados escándalos de corrupción destapados por la prensa y el más reciente caso que involucra el supuesto plagio de sus tesis, han diezmado al extremo la autoridad moral y política de un Presidente al que aún le quedan dos largos años al frente del Ejecutivo Federal.

La desinstrumentalización de la reforma educativa-de facto– o cualquier negociación pactada con la CNTE (por muy disimulada que pretenda ser) mandará un mensaje clarísimo de claudicación hacia otros poderes fácticos y terminará por sepultar un legado político errático de un Presidente, que, como bien dijo el semanario británico The Economist. “no entiende que él no entiende”.

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Escrito por InteIndep

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