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Por: Francisco Vaqueiro – @FJVaqueiro

Es consabido que la corrupción—y sus muy perniciosos efectos—, se relacionan íntimamente con la impunidad y el poco o nulo respeto que impone la ley, derivado de su nula o exigua aplicación.

Resulta difícil hacer un rastreo cronológico sobre la génesis de nuestra propensión social a quebrantar las reglas sociales de convivencia. Problema crónico de Hispanoamérica. Algunos estudiosos ubican el origen de la corrupción en los usos y costumbres españolas, trasladados, posteriormente, a sus colonias americanas y a otras latitudes del mundo.

Decía el escritor filipino José Rizal, en su novela “El filibusterismo“, en boca de uno de sus personajes de origen español: “¿Queréis que se abra una carretera en España? No hay más que poner un cartel que se diga: Prohibido el paso. Y por allí justamente transitarán todos hasta hacerse camino“.

En el México independiente, durante la etapa armada de la Revolución sonorense, el poder corruptor del dinero quedaría cínicamente personificado en la célebre frase de Álvaro Obregón: “Nadie resiste un cañonazo de cincuenta mil pesos”.

Posteriormente, cuando la Revolución se institucionalizó como partido único de Estado, el sistema se valió primordialmente de tres instrumentos para preservar el control político del país y mantener a raya, casi siempre con éxito, a la disidencia política: cooptación, corrupción, y en última instancia represión; sobre esta última herramienta, resulta más que reveladora la expresión de Gonzalo N. Santos, cacique histórico de San Luis Potosí: “A mis enemigos los tres ierros: encierro, destierro y entierro”.

En tales condiciones transitamos durante todo el siglo XX, sin desarrollar instituciones encargadas de limitar y castigar, lo que por décadas fue costumbre e instrumento político de control. Ni siquiera la transición democrática —de la que germinaron o surgieron cambios fundamentales en entidades tan respetadas hoy en día como el Banco de México o el Instituto Nacional Electoral—fue capaz de desarrollar el entramado institucional necesario para enfrentar exitosamente un azote histórico que se ha vuelto insostenible.

Recientemente, el proyecto de Ley, genéricamente denominado 3de3, así como la campaña de recolección de firmas para su presentación como iniciativa ciudadana ante el Congreso, ha suscitado gran efervescencia en redes sociales y en algunos medios informativos.

Dicha propuesta de Ley ha sido apoyada por diversas instituciones educativas, así como por destacados miembros de la comunidad intelectual del país, como Juan Pardinas y María Amparo Casar.

Se le ha denominado, mercadotécnicamente, como Ley3de3, apoyado por el posicionamiento que generó la propuesta formulada en el pasado ciclo electoral, conminando a los aspirantes a elección popular a hacer públicos tres documentos: (1) declaración patrimonial; (2) declaración fiscal y (3) declaración de intereses.

A pesar de lo anterior, el proyecto de Ley en cita, va mucho más allá de obligar a todo funcionario a revelar tales declaraciones, condición a todas luces insuficiente para evitar la corrupción en el ejercicio de la función pública.

En esencia, la 3de3, denominada Ley General de Responsabilidades Administrativas, pretende reglamentar distintas disposiciones constitucionales que propiciaron lo que se conoce como “Sistema Nacional Anticorrupción”.

Grosso modo, la iniciativa precisa algunas acciones de corrupción como sancionables y perseguibles: entre ellas el peculado, el tráfico de influencias, el soborno, el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito, la colusión, el uso equívoco de información, la obstrucción de la justicia, el nepotismo y la conspiración para cometer actos de corrupción. De igual forma, fija nuevos y más eficaces procedimientos de investigación sobre casos de corrupción, y asigna la competencia a nuevos entes gubernamentales encargados de las indagatorias, concediéndoles mucho mayor autonomía de la que gozan las instituciones con la misma tarea hoy en día.

En la misma línea, propone un registro de servidores públicos sancionados, para que su inhabilitación sea realmente efectiva en todos los ámbitos de la administración pública federal, estatal y municipal, y en todo el territorio nacional. Destaca, de igual manera, que la Ley hace extensivas las sanciones a los entes privados que pudieran estar inmiscuidos en actos de corrupción, cuestión, en mi opinión, de la mayor importancia.

Aún queda mucho tramo por recorrer, y quedará en la sociedad civil vigilar que la Ley 3de3, que pudiera promulgarse, no sea sólo una pantomima o versión deslactosada, incapaz de hacer frente a la mayor problemática social y política de nuestros días.

De entrada, no queda más que hacerle una invitación para sumarse al proyecto, firmando en http://ley3de3.mx/#firma

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Escrito por InteIndep

Un comentario

  1. Roman francisco Lazaro Tapia 11 marzo, 2016 en 11:52 am

    Luchemos con todo para lograrlo y una vez logrado que se aplique esta Ley

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