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Por: Andrés Hernández – @andreshf5

Una compañera de América del Sur me preguntó por el Presidente de México. Me preguntó qué tan cierto era que Peña Nieto fuera un joven audaz, reformista y con mucho empuje… el Justin Trudeau (primer ministro de Canadá) mexicano. Le expliqué que el Presidente ha logrado una serie de reformas constitucionales que no tenían precedente. Sin embargo, también le expliqué que la violencia persiste y que la credibilidad y aprobación de su administración se ha desplomado como resultado de la desaparición forzosa de 43 estudiantes, así como de escándalos de corrupción que rodearon a su principal colaborador, Luis Videgaray –el Secretario de Hacienda–, y a su esposa, la Primera Dama. Los escándalos de corrupción estaban asociados a bienes inmuebles, adquiridos por los anteriores, cuyo valor hacía inexplicable la fuente de los pagos. El primero tenía que ver con una casa en Malinalco, y el segundo con “La Casa Blanca”. Ambas propiedades estaban presuntamente vinculadas a una retribución por parte de Grupo Higa –un grupo constructor que había obtenido concesiones del gobierno.

Para mitigar el desplome en su popularidad y demostrar que en México todos somos sujetos de la ley, el Presidente nombró a un nuevo titular en la dependencia gubernamental encargada de verificar el desempeño de los funcionarios públicos: Virgilio Andrade, vigente Secretario de Función Pública. En México, a diferencia de otros países, esta posición depende del Poder Ejecutivo. Sin embargo, con el objetivo de limitar el poder presidencial y darle legitimidad al puesto, el Senado debe ratificarlo. A pesar de la existencia de este mecanismo institucional, hubo mucho escepticismo en el nombramiento. En general, la opinión pública lo rechazaba porque tenía poca experiencia en el combate a la corrupción, pero más importante aún, se trataba de un funcionario cercano a Luis Videgaray, uno de los objetos de la investigación. Parecía como si el candidato a Secretario tuviera una encomienda por parte del Presidente. Finalmente, el Senado aprobó el nombramiento, Andrade tomó posesión del cargo y llevó a cabo las investigaciones.

A diferencia de los pronósticos, que permiten anticipar lo que pasará en el futuro, los escenarios buscan contar una historia, sin importar lo inverosímiles que parezcan. Así, a mi parecer, antes de que Andrade comenzara su investigación, existían al menos dos escenarios para él. El primero consistía en que tomara posesión como secretario, pretender hacer una investigación y declarar inocentes a los investigados. Ante la inminente llegada de la cuarta temporada de House of Cards, me he dado a la tarea de crear un segundo escenario más entretenido.

En el segundo escenario, Andrade llevó esta investigación hasta las últimas consecuencias. Decidió investigar al Secretario de Hacienda y a la Primera Dama. En el caso de la investigación a la Primera Dama, descubrió que ella había fungido como prestanombres del Presidente, por consiguiente, lo incluyó en su investigación. Las pesquisas arrojaron evidencia suficiente para inculpar tanto al Secretario de Hacienda, como a la Primera Dama y al Presidente. Apegado a su deber de fortalecer el Estado de Derecho y demostrar que hasta el Presidente está sujeto a la ley, encontró una manera de garantizar que ésta se cumpliera; para ello, tuvo que pactar con los otros dos partidos. La reunión que sostuvo con los líderes de oposición tuvo como objetivo, en primer lugar, garantizar su protección contra posibles represalias (e.g., destitución, escándalos, chivos expiatorios). En segundo lugar, tuvo que buscar apoyo para comenzar un proceso jurídico que obligara al presidente a renunciar. Algo parecido a un desafuero.

En otros países, escándalos como éste han hecho que presidentes enfrenten un juicio político o una moción de censura (i.e., impeachment). Así fue el caso del Watergate y la renuncia posterior de Richard Nixon en los Estados Unidos (1974). También han existido casos en América Latina, como el de Fernando Collor de Mello en Brasil (1992), quien después de ser acusado de tráfico de influencias por su propio hermano, enfrentó a una Comisión organizada por las Cámaras de Diputados y Senadores. Posteriormente, un grupo de ciudadanos solicitó que éste fuera cesado de sus funciones. Después de un proceso que requería de mayorías calificadas en las Cámaras, el presidente brasileño fue efectivamente destituido. En su lucha contra la corrupción, Brasil ha continuado con su tradición de poner contra las cuerdas a todo a aquél que intente quebrantar al Estado, incluyendo al Presidente.

Sin embargo, enjuiciar al Presidente de México no es fácil –incluso, es casi imposible. El artículo 108 de la Constitución señala que el Presidente sólo puede ser juzgado por “traición a la patria” o por “delitos graves”. En ese sentido, no hay un precedente claro para considerar a un delito como “grave” cuando fue cometido por el Presidente de la República. Sería encomienda del Congreso definirlo y posteriormente correspondería a la Suprema Corte de Justicia de la Nación evaluarlo.

Así, además de intentar la jugada política más arriesgada de su vida y traicionar a quien le dio el puesto, en el segundo escenario Andrade pactó con la oposición y corrió con suerte, ya que el Poder Judicial apoyó y dio continuidad a este proyecto.

Además de cumplir con la ley, las decisiones de Andrade impactaron al país para siempre. No menos importante, el recién nombrado Secretario –que logró la renuncia del Presidente– se posicionó mediáticamente como ningún otro funcionario público, como una referencia internacional anti-corrupción que ha traicionado los intereses más grandes de la clase política. Esto lo ha posicionado como un posible candidato presidencial; más aún, lo convirtió en el personaje ideal para consolidar la candidatura independiente tan aclamada por los intelectuales mexicanos.

La realidad se parece más al primer escenario. El segundo no fue posible porque las reglas del juego en México no prevén juzgar a un Presidente o, peor aún, porque parece que han sido creadas para garantizar su impunidad. Finalmente, lo que pasó es que Virgilio Andrade consideró que el segundo escenario era una locura, y no supo ver una clara y enorme oportunidad para consolidar su carrera. Decidió no aprovechar la ocasión de pasar a la historia como el transformador del México moderno. Prefirió conservar su lealtad al Presidente; salvar al Secretario de Hacienda y conservar el status quo; hacer como si no hubiera pasado nada; y, como diría Murillo Karam, declarar como “verdad histórica” la inexistencia de actos de corrupción. Hoy, tanto el Secretario de Hacienda como el Presidente siguen en sus cargos. Sabemos que todos los mexicanos somos iguales ante la ley. Sólo que unos son menos iguales que otros.

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Escrito por InteIndep

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