Ley del Espionaje

Por: Andrés Gómez – @a_gomezl

En el 2014, y como parte del paquete de Reformas Estructurales propuestas en el marco del Pacto por México, se aprobó la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En la nueva ley se encuentran muchas ventajas para los usuarios, como la portabilidad numérica, la consulta gratuita de saldo, la eliminación de la larga distancia nacional y en general una baja en las tarifas pagadas por los usuarios. Hasta aquí todo bien: tenemos una nueva ley que promueve la competencia entre los operadores y nos brinda mejores servicios a mejor precio.

En medio del ruido de las buenas noticias de los precios bajos, o los rumores de si la intención era o no meterse con los negocios de Slim, pocos nos dimos cuenta de los problemas. Dentro de sus 315 artículos (sin contar los transitorios), la Ley de Telecom esconde dos que son particularmente preocupantes. Con el pretexto de “colaboración con la justicia”, la Ley básicamente le exige a los concesionarios de telecomunicaciones (o sea a Telmex, Megacable, Telcel, AT&T, Movistar, etc.) que espíen a sus usuarios. Les demanda que “colaboren” con la localización geográfica y en tiempo real de los equipos móviles, lo que quiere decir que cualquier autoridad de seguridad, procuración o administración de justicia que lo solicite puede saber dónde se localiza tu teléfono celular en cualquier momento, sin necesidad de justificar la razón y sin necesidad de presentar antes una orden judicial.

Otra forma en que la nueva ley se entromete en nuestra privacidad es exigiendo que los concesionarios mantengan un registro —durante dos años— de toda la información que rodee a las comunicaciones que realicemos, sea llamada, mensaje de texto, mensaje multimedia, etc. ¿A qué me refiero cuándo digo “toda la información que rodee a las comunicaciones”? Básicamente a todo, menos el contenido. Tienen que guardar un registro con tu nombre, razón social y dirección; tipo de comunicación y servicios adicionales (llamada, datos, mensaje, video, conferencia, transferencia de llamada, etc.); origen y destino de la comunicación; fecha, hora y duración de la comunicación; información del dispositivo desde el que hiciste la llamada o mandaste el mensaje o revisaste tu correo; y posicionamiento geográfico de las líneas (tuya y de tu interlocutor) al momento de la comunicación. Todo.

La información que se recaba es conocida comúnmente como metadatos. Puede no sonar muy grave, pues nos preguntamos ¿qué tanto podría llegar a conocerse de nosotros a partir de esta información? Según expertos en seguridad digital, se puede conocer mucho. Señalan que nuestros metadatos pueden ser incluso más reveladores que el contenido de nuestras conversaciones: pueden saber dónde estamos todo el tiempo, con quién hablamos, por cuánto tiempo, nuestros intereses, condición médica, asociaciones políticas y religiosas, orientación sexual, hábitos de compras y muchas otras cosas. Los hábitos que mantenemos y las actividades que realizamos mediante telecomunicaciones no mienten, o por lo menos no consistentemente. Ahora, hay que aclarar que no se trata de que tengamos o no algo que ocultar, sino del derecho que tenemos a la privacidad y que lo que realizamos en privado nos atañe sólo a nosotros y así se tendría que mantener.

Para que se se puedan echar abajo estos artículos de la ley éstos tendrían que, al ordenar a los concesionarios a mantener estos registros, violar la Constitución, que es donde se enuncian los derechos que el Estado tiene la responsabilidad de proteger, o que se quebrante alguno de los tratados de Derechos Humanos que México ha firmado, y ahí es donde entra la discordia. La Constitución dice que tenemos derecho a la protección de nuestros datos personales, pero al mismo tiempo menciona que habrá excepciones en lo que se refiere a seguridad nacional, orden público, seguridad o salud pública. Entonces, alguien podría argumentar que al mismo tiempo que nos otorga el derecho nos lo limita. En ese mismo artículo nos dice que las comunicaciones privadas son inviolables. Sin embargo, los defensores de la nueva ley dicen que al no tener acceso al contenido de la comunicación, no se atenta contra este derecho, pues es el equivalente a ver el sobre en el que te mandan una carta y en el cual pueden ver quién la envía, desde dónde, hacia dónde, para quién y la fecha en la que se mandó, sin poder leer la carta. Personalmente, considero que hay un tercer derecho que se está violando con este ordenamiento y es el de presunción de inocencia: todo individuo tiene el derecho constitucional a ser considerado inocente hasta que un juez no dictamine lo contrario. Al mantener un registro de los metadatos de todos los usuarios de servicios de telecomunicación, y no nomás de aquellos usuarios que se encuentran bajo alguna investigación, se viola este derecho. Nos vuelve a todos sospechosos de facto. Potenciales criminales sobre los cuales hay que mantener un registro detallado, por si se comete el delito. Somos culpables, por si se ofrece.

Existen muchas ambigüedades en las condiciones para acceder a los registros. La ley no nos dice qué funcionarios —en el ámbito de seguridad, procuración o administración de justicia— pueden solicitar la información. Si nos guiamos por lo que se establece en el Código Federal de Procedimientos Penales, nos quedaríamos con funcionarios de la PGR y procuradurías locales y a quienes éstas instancias les quieran delegar la atribución; y por último el Ministerio Público Federal y sus equivalentes en las entidades. Según el periódico Reforma había, a finales de Noviembre, por lo menos 80 funcionarios federales y locales facultados para solicitar información privada de usuarios de telecomunicaciones[i] sin justificación necesaria o preestablecida o una orden judicial. 80 funcionarios en el país que quedó en lugar 79 de 102 en “Estado de Derecho”, por debajo de Costa de Marfil, Kazakstán, El Salvador, Sri Lanka y una vergonzosa y larga lista de etcéteras; y en el lugar 88 de 102 en “Ausencia de Corrupción” en el mismo ranking realizado por el World Justice Project.[ii]

No todo está perdido y existen varios que han interpuesto amparos en contra de la nueva ley de telecom. La asociación civil Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Marcelo Ebrard, Javier Solalinde, AT&T, Alestra, la Clínica de Interés Público del CIDE y otras personas e instituciones, han tramitado amparos ante diferentes instancias en contra de los artículos 189 y 190 de la Ley de Telecom (los que hablan de “colaboración con la justicia”) y se encuentran en diferentes instancias, aunque se espera que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[iii] debata y resuelva el tema este mes.

¿Qué podemos esperar de la resolución de la Corte? Es difícil saberlo. Existen documentos de la Corte en los que menciona la necesidad de proteger los “datos externos de la comunicación”[iv], pero se establece como parte de un argumento y no como parte de una resolución que creé jurisprudencia (es decir, que vuelva obligatoria la protección de estos datos). Considero que la Corte ha venido evolucionado para convertirse en una Institución que privilegia el derecho del individuo por encima del poder del Estado, por lo que espero que sigan ejemplo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y declaren que el almacenamiento de datos viola la privacidad de las personas.

El tema nos atañe a todos. El uso de medios de telecomunicación fijos, móviles o de datos dejó hace mucho de ser para el uso de unos cuantos, y aunque vivamos en una guerra abierta contra el crimen organizado, la recolección masiva e indiscriminada de datos es una afrenta a nuestras libertades. La ley debe, por lo menos, acotar los delitos por los cuales se podría solicitar la recopilación de metadatos, así como establecer que se pueda realizar exclusivamente mediante una orden judicial. Necesitamos hacer frente a la increíble amenaza de violación a nuestra privacidad por parte de un Estado que es bajo cualquier métrica corrupto.

 8_AndresGomez

[i] http://173.236.14.34/leon/mexico/llueven-peticiones-de-rastreo-a-celular-246431.html

[ii] http://data.worldjusticeproject.org/#/groups/MEX

[iii] La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede sesionar en Pleno (convocando a los 11 ministros) o en Salas. La Primera Sala se encarga de ver temas civiles y penales, mientras que la segunda se encarga de ver casos administrativos y laborales. Las telecomunicaciones son tratadas en la Segunda Sala.

[iv] Amparo 1621/2010. Contradicción de Tesis 194/2012

Imagen: http://claxon.md/sites/images/263.jpg

Escrito por InteIndep

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